Contra el recorte de las pensiones públicas

¿Por qué es importante firmar esto? Porque pretenden robarnos, a partir de un informe elaborado por una mal llamada comisión de expertos, unos derechos adquiridos a lo largo de toda una vida, y porque se lo quieren poner aún más difícil a las generaciones más jóvenes, a las personas más desfavorecidas y también a los más mayores. Porque estamos ante una campaña propagandística, jaleada por casi toda la prensa, a favor del recorte de las pensiones (Ver a este respecto el artículo de Vicenç Navarro que cito seguidamente). Porque sólo con una presión contundente, mayoritaria y pacífica de la ciudadanía conseguiremos evitar un atropello que no ha sido votado por nadie, puesto que en el programa electoral del PP se repite de forma nítida y reiterada la siguiente propuesta: "El Partido Popular está comprometido con el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones", por lo que es ese y no otro el proyecto sobre pensiones que votaron quienes dieron al PP la mayoría absoluta.
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Por otra parte, remito a las personas interesadas en firmar esta petición (a todos los ciudadanos y ciudadanas en general y especialmente a los pensionistas actuales y futuros, así como a sus entornos familiares y sociales) a leer con detención un articulo de carácter crítico publicado por Vicenç Navarro (1) en el periódico PÚBLICO, fechado el día 12 de junio de 2013, artículo que lleva por título: "¿Es España una democracia? El caso de las pensiones". Está disponible a texto completo en la siguiente dirección electrónica:
Del citado artículo, cuya lectura completa recomiendo, destaco que: 
"Hace unos días se publicó un informe de una Comisión llamada de Expertos, que fue nombrada por el gobierno del PP con el objetivo de hacer recomendaciones que, en teoría, pudieran garantizar la solvencia de las pensiones públicas en España. Esta Comisión estaba integrada en su mayoría por profesionales próximos a las Compañías de Seguros Privados y a la Banca (9 miembros de un total de 12), instituciones financieras que tienen un gran interés en privatizar las pensiones a base de reducir las pensiones públicas. En cualquier país con mayor cultura democrática, habría una protesta, expresada entre otros fórums, en los medios de mayor difusión, denunciando el claro conflicto de intereses entre dichos profesionales y el objetivo asignado a la Comisión, que era hacer un estudio objetivo de la situación, para mejorarla. Este objetivo estaba claramente en conflicto con los intereses de las Compañías de Seguros y de la Banca que aquellos miembros de la Comisión representaban. Ni que decir tiene que esta representatividad no era formal. Pero su dependencia de las instituciones que habían financiado sus trabajos les hacía vulnerables y sospechosos de una falta de neutralidad e imparcialidad. En realidad, todos ellos eran conocidos por sus posturas favorables a las tesis de las Compañías de Seguros y de la Banca, lo que explica que el informe pudiera haberlo escrito la propia asociación de Compañías de Seguros (de las cuales recibían dinero) o de la Banca (de la que también recibieron fondos). Todo era muy predecible.
En un país democrático esto hubiera sido objeto de denuncia en los medios de información. No ha sido así en nuestro país. Todos estos medios continuaron refiriéndose a la Comisión como “Comisión de Expertos”, ignorando que tales medios tienen entre sus objetivos (al menos en teoría) la vigilancia del Estado y crítica de sus comportamientos antidemocráticos. Referirse a tal Comisión como de Expertos, es darles una legitimidad que no se merecen". 
"Pero la cosa es incluso peor. Si miramos los artículos de los cinco rotativos de mayor difusión del país (El País, La Vanguardia, El Periódico, el Mundo y ABC), podemos ver que todos ellos publicaron este último fin de semana (tanto en las páginas de opinión como en sus páginas económicas) artículos apoyando las tesis de que hay que recortar las pensiones, tal como promovía la mal llamada Comisión de Expertos. Un total de 23 artículos. Y ni uno (repito, ni uno) de esos artículos cuestionaba la tesis de que los recortes de las pensiones -que la “Comisión de Expertos” estaba recomendando- fueran necesarios. Es más, en todos ellos se afirmaba que había un consenso nacional e internacional entre todos los expertos en el tema de las pensiones sobre la necesidad de recortar las pensiones públicas".
 Continúa Vicenç Navarro señalando que:
"En contra de lo que se indica, la gran mayoría de expertos a nivel internacional en temas de Seguridad Social no consideran que las pensiones públicas sean inviables (véase el libro Social Security. The Phony Crisis, de Dean Baker y Mark Weisbrott, de la University of Chicago Press, y el libro Lo que debes saber para que no te roben la pensión de Vicenç Navarro y Juan Torres, de la Editorial Espasa). Todo lo contrario. Hoy España se gasta muy poco en pensiones. Y las pensiones, incluyendo las contributivas, son bajas. La evidencia de ello es abrumadora. Pero las voces que cuestionan la sabiduría convencional en España se han mantenido fuera del circuito, marginadas".
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(1) Vicenç Navarro ha sido Catedrático de Economía Aplicada en la Universidad de Barcelona. Actualmente es Catedrático de Ciencias Políticas y Sociales, Universidad Pompeu Fabra (Barcelona, España).
Es también profesor de Políticas Públicas en The Johns Hopkins University (Baltimore, EEUU) donde ha impartido docencia durante 35 años. Dirige el Programa en Políticas Públicas y Sociales, patrocinado conjuntamente por la Universidad Pompeu Fabra y The Johns Hopkins University. Dirige también el Observatorio Social de España.

Es uno de los investigadores españoles más citados en la literatura científica internacional en ciencias sociales





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