Evaluación de experiencias de implantación de los Grados en Educación Superior







38. Vol 14 (4) DICIEMBRE 2011

Nuevo volumen de la Revista Electrónica Interuniversitaria de Formación del Profesorado, dedicado monográficamente a la experiencia de la implantación de los Grados

Coordinadores: Cecilia Ruiz Esteban y Luis Torrego Egido

EDITORIAL

Los planes de estudio que han servido para transformar las Diplomaturas y las Licenciaturas en Grados están en marcha en las universidades españolas. La Asociación Universitaria de Formación del Profesorado (AUFOP) ha dedicado amplio espacio en sus publicaciones y en sus actividades al denominado Plan Bolonia, ocupándose de analizar el pretendido reto del Espacio Europeo de Educación Superior. Ahora Bolonia es ya una realidad en nuestras aulas y los primeros estudiantes de sus Grados están más cerca de convertirse en titulados universitarios. Esto sucede en una Europa en crisis económica, política y de valores.

La puesta en marcha de estas titulaciones se realiza en un contexto ya iniciado a partir de la LOU, cuando las competencias pasaron a las Comunidades Autónomas y buena parte de estas potenciaron enormemente las Universidades privadas, especialmente algunas vinculadas a la Iglesia y a los poderes fácticos y en un escenario en que todo parece empujar hacia la subida de las tasas universitarias y hacia modelos de gobernanza que son, simplemente, la consideración de la Universidad como un ente que debe ser regido como una empresa privada bien jerarquizada, como si persiguiese los mismos fines: la competición permanente con otras universidades y la obtención de beneficios económicos.

Merece la pena detenerse un momento y echar una mirada a lo que rodea a esta universidad eficientista que se nos propone: España es el país europeo con el mayor porcentaje de personas con titulación universitaria o de formación profesional ocupando empleos de escasa cualificación (el 31 % frente al 19 % de media) y, según un estudio de Adecco, entre abril de 2008 y abril de 2010 han emigrado desde España cerca de cien mil personas altamente cualificadas. Mientras, nuestro tejido productivo no cambia, simplemente se deteriora a pasos acelerados. A veces se argumenta que la Educación superior debe atender a las demandas sociales y con ello se quiere hacer referencia a una relación universidad-empresa meramente lineal. Se hace así una interpretación claramente reduccionista de qué es la sociedad, como si esta se redujera únicamente a los intereses de las grandes empresas.

Nuestra Universidad no se ha preparado convenientemente para este compromiso. Para una docencia universitaria en la que el acento se traslade de la información y de la rutina a la formación para el ser y para el saber hacer, es imprescindible una redefinición de los roles docentes que no se ha hecho. Y sigue sin abordarse el problema – porque lo es y de una magnitud considerable – que las funciones docentes gocen de menor consideración y prestigio que las investigadoras. Se precisa una formación centrada en el aprendizaje, que favorezca el desarrollo de habilidades personales y comunicativas y que faculte para la renovación de conocimientos y de capacidades durante todo el ciclo vital.

Para ello hubiera sido imprescindible la consideración de la formación inicial del profesorado universitario y la toma de decisiones sobre la misma y también sobre la formación permanente. La escasa formación pedagógica del profesor universitario constituye un problema que irá aumentando mientras no se exija, como en cualquier otro nivel educativo, una formación pedagógica específica previa a la obtención de un puesto de trabajo como enseñante. Si a cualquier titulado no se le permite enseñar en educación básica ni secundaria sin formación pedagógica ni didáctica previa, ¿qué sentido tiene que se le considere capacitado para enseñar en universidad? La formación del profesorado universitario sigue siendo una cuestión pendiente. Y resulta más difícil de lograr porque sectores pretendidamente progresistas desprecian, con una arrogante actitud asentada en un manifiesto elitismo intelectual y social, la capacitación didáctica y la pedagogía toda.

Por otra parte, en la realidad de la implantación de los Grados hay numerosos olvidos de lo que se afirmó con solemnidad en las declaraciones internacionales o en los preámbulos legislativos, aunque hay que reconocer que se dedicó un tono grave pero muy poco espacio a estas pretensiones tan nobles. Hoy, en las concreciones plasmadas en los Grados, se relega lo humanístico, el papel social de la Universidad, el compromiso de la misma para lograr un mundo más justo y humano y para formar una ciudadanía crítica y responsable, tan necesaria en la actual etapa del capitalismo.

La realidad de la implantación de los Grados conoce amplias diferencias, dependiendo de la Universidad y el Centro que se considere. Quizás eso se deba a lo que las autoridades han denominada beneficiosa autonomía universitaria, pero también pudiera ser que la autonomía se haya traducido en no pocas ocasiones en desregulación que perjudica un modelo de universidad entendido como servicio público. En efecto, asistimos a la desregulación del trabajo en la Universidad, que se intensifica con la perversión, iniciada hace ya años, de la figura del profesorado asociado, de tal modo que una parte importante de la docencia la están impartiendo profesores y profesoras mal pagados y con un futuro incierto. Se pretende un sistema de excelencia basándose en la precarización.

Hay que seguir reivindicando un aprendizaje más centrado en el estudiante y más tutorizado y eso implica grupos de estudiantes más pequeños y, por tanto, más profesorado, cambios en las instalaciones, etc.; es decir, más financiación. Esa financiación también es necesaria para hacer efectiva en condiciones de igualdad la movilidad que se afirma en el Plan Bolonia. Quizás en tiempos de crisis la buena educación parezca cara, pero no podemos permitirnos probar los derroches y los lujos en que se convierten la masificación, la impersonalización, la pobreza docente y la desigualdad de oportunidades. Por lo tanto, es preciso una financiación pública adecuada para el desarrollo de los Grados.

Es preciso, pues, organizar y difundir procesos de crítica de la racionalidad universitaria, en la que hay que incluir no sólo los elementos antedichos, sino también la burocratización, con el consiguiente menoscabo formativo, pues se produce lo que decía Max Weber: a mayor burocracia, memos democracia. Junto a ello es preciso dar a conocer y compartir experiencias de organización de los procesos de enseñanza-aprendizaje universitarios más abiertos a la diversidad y al carácter integral y humanístico de la formación. Los ejemplos son ya numerosos como se pone de manifiesto en las páginas de este mismo número.

El Consejo de Redacción

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